Los proyectos de centros de datos que se conecten a la red eléctrica española podrían quedar sujetos a nuevos requisitos sobre eficiencia energética, consumo de agua, suministro renovable, resiliencia y soberanía digital.
El 27 de agosto de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió el trámite de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. El plazo para presentar alegaciones permanece abierto hasta el 4 de septiembre de 2026.
El texto todavía puede modificarse durante su tramitación. Las obligaciones descritas en este artículo corresponden, por tanto, al contenido del proyecto sometido a audiencia pública y todavía carecen de vigencia como Real Decreto.
La propuesta afecta a decisiones que suelen adoptarse durante las primeras fases de un proyecto: elección del emplazamiento, solicitud de acceso y conexión, diseño de la refrigeración, contratación de electricidad, dimensionamiento de nueva generación renovable, sistemas de medición y tratamiento de determinados datos.
¿Qué centros de datos quedarían afectados?
El proyecto establece dos umbrales y los vincula a obligaciones diferentes.
Con carácter general, sus requisitos se aplicarían a los centros de datos cuya potencia de acceso sea igual o superior a 1 MW. El mismo criterio alcanzaría a los grupos de centros de datos situados en una misma ubicación y pertenecientes a un mismo titular cuando su potencia agregada llegue a ese umbral.
El umbral se refiere a la potencia que figure en los permisos de acceso y conexión o, cuando sea superior, a la potencia contratada en el contrato de acceso de terceros a la red.
Por otra parte, las obligaciones de comunicación y publicidad previstas en el artículo 14 se aplicarían a los centros de datos con una potencia instalada de tecnologías de la información igual o superior a 500 kW, con independencia de su potencia de acceso.
El proyecto excluye los centros de datos destinados exclusivamente a los sectores de la defensa, la protección civil y la seguridad pública.
Esta delimitación exige comprobar la potencia de acceso, la potencia instalada de TI, la titularidad y la agrupación física de las instalaciones antes de determinar el alcance aplicable.
¿Cuándo se aplicarían los nuevos requisitos?
La propuesta prevé su aplicación a los centros de datos que se conecten a la red eléctrica después de la entrada en vigor del futuro Real Decreto. A estos efectos, un centro se consideraría conectado cuando se haya acoplado eléctricamente a la red de transporte o distribución y haya formalizado el correspondiente contrato de acceso.
Los proyectos que ya dispongan de permisos de acceso y conexión, pero permanezcan sin conectar cuando entre en vigor la norma, contarían con seis meses para acreditar el cumplimiento. La falta de acreditación dentro de ese plazo produciría, según el borrador, la caducidad de los permisos y la ejecución de las garantías depositadas.
Los proyectos en tramitación también están sujetos a reglas transitorias específicas. Esta situación aconseja revisar individualmente la fase administrativa y técnica de cada iniciativa.
Eficiencia energética e hídrica: PUE y WUE
El proyecto utiliza los indicadores europeos Power Usage Effectiveness (PUE) y Water Usage Effectiveness (WUE) para evaluar la eficacia en el uso de la energía y del agua.
Su cálculo seguiría la metodología del anexo III del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, que desarrolla la primera fase de un régimen común de evaluación de la sostenibilidad de los centros de datos en la Unión Europea.
La propuesta vincula el cumplimiento futuro con la clase A del sistema europeo de etiquetado. Hasta la fecha prevista para la aplicación de ese sistema, en agosto de 2027, el borrador establece los siguientes límites transitorios:
- PUE igual o inferior a 1,15.
- WUE igual o inferior a 0,1.
Los valores tendrían que obtenerse mediante métodos fiables, precisos y reproducibles. La entidad operadora o, en su ausencia, el titular los acreditaría mediante una declaración responsable presentada junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión.
Estos requisitos pueden condicionar la arquitectura de las instalaciones, la selección de equipos, la gestión térmica, el sistema de refrigeración y la localización del proyecto. También exigen definir desde la fase de diseño cómo se medirán los consumos y qué evidencias se conservarán para justificar los resultados.
Cobertura renovable del 80 % y nueva generación asociada
Mientras la cuota media de electricidad renovable del sistema eléctrico nacional se mantenga por debajo del 90 %, los centros incluidos en el ámbito general tendrían que acreditar que cubren el 80 % de su consumo total mediante autoconsumo o contratos de compra de electricidad renovable a plazo.
Los contratos deberían formalizarse con productores titulares de instalaciones renovables ubicadas en España.
El borrador incorpora un requisito de adicionalidad. Las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo o a los contratos de compra tendrían que disponer de un acta de puesta en servicio cuya fecha fuera, como máximo, dieciocho meses anterior a la entrada en funcionamiento del centro de datos o al primer uso de la energía correspondiente.
La entrada en funcionamiento se produciría con la celebración del contrato de acceso o, si ocurre antes, con el primer consumo eléctrico.
El consumo del centro quedaría limitado en cada momento por la generación renovable adicional que pudiera acreditar. Por ello, las ampliaciones de capacidad de computación también requerirían planificar el crecimiento de la cobertura renovable.
Para promotores y operadores, esta exigencia puede afectar a la negociación de contratos PPA, el desarrollo de instalaciones de autoconsumo, la incorporación de almacenamiento y el calendario de puesta en servicio de la infraestructura digital y de la generación asociada.
La correlación tendría que acreditarse hora a hora
La propuesta exige que la electricidad consumida en cada hora esté respaldada, al menos en un 80 %, por un volumen equivalente de electricidad renovable generada durante esa misma hora.
Cuando el respaldo proceda del autoconsumo, el gestor de la red correspondiente verificaría el cumplimiento. En los contratos de compra de electricidad renovable a plazo, esta función correspondería al operador del sistema, que comprobaría la energía consumida y la producida por las instalaciones de generación y almacenamiento asociadas.
Esta comprobación requiere datos horarios consistentes y una relación correctamente documentada entre el centro de datos, las instalaciones de generación y los contratos utilizados para acreditar el suministro.
Una garantía de origen anual, por sí misma, carecería de capacidad para demostrar la coincidencia horaria exigida por el proyecto. Los operadores deberían comprobar si sus sistemas de medida, contratos y procedimientos de conciliación permiten generar y conservar la evidencia requerida.
El consumo de agua condicionará el diseño y el emplazamiento
La refrigeración puede concentrar una parte significativa de la demanda hídrica de determinadas instalaciones. El valor WUE aporta una medida común, aunque la evaluación ambiental y territorial también debe considerar la disponibilidad real del recurso en cada ubicación.
El análisis puede incluir:
- Disponibilidad y origen del agua.
- Estrés hídrico de la cuenca o del territorio.
- Tecnologías de refrigeración previstas.
- Posibilidades de uso de agua regenerada o reutilizada.
- Riesgos asociados a sequías y restricciones.
- Evolución de la demanda durante las ampliaciones.
- Compatibilidad con la planificación hidrológica y los permisos necesarios.
Una ubicación con capacidad eléctrica disponible puede presentar limitaciones hídricas o ambientales que afecten al diseño, los costes y el calendario del proyecto. La comparación de alternativas debería integrar energía, agua, usos del suelo, riesgos naturales, infraestructuras disponibles y condicionantes administrativos.
Los Sistemas de Información Geográfica permiten combinar estas variables, detectar incompatibilidades y documentar la selección del emplazamiento.
Soberanía digital y localización de datos
El proyecto también establece requisitos de resiliencia y soberanía digital para los centros incluidos en su ámbito general.
Antes de la puesta en explotación, la entidad operadora o el titular tendría que presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de estas condiciones. El borrador incluye, entre otros aspectos:
- El establecimiento de la entidad operadora en la Unión Europea.
- La permanencia en la UE de los datos operativos que se encuentren bajo su control.
- El control y la trazabilidad del soporte prestado desde terceros países.
- La supervisión de los subcontratistas directos.
- La adopción de medidas frente a solicitudes de acceso o transferencia formuladas por autoridades de terceros países que resulten contrarias al derecho aplicable.
Los centros sometidos al proyecto solo podrían alojar sistemas de información del sector público sujetos al Esquema Nacional de Seguridad cuando los datos controlados por las entidades públicas (incluidos metadatos, telemetría, registros, réplicas y copias de seguridad) se trataran, almacenaran y transfirieran exclusivamente dentro de la Unión Europea.
Estas condiciones pueden afectar a la arquitectura contractual y técnica del servicio, la selección de subcontratistas, los procedimientos de soporte y la localización de copias, registros y sistemas auxiliares.
El cumplimiento quedaría vinculado a los permisos de acceso y conexión
El borrador relaciona los requisitos energéticos, ambientales y de soberanía digital con la obtención y el mantenimiento de los permisos de acceso y conexión.
Los incumplimientos relativos a la cobertura renovable y la correlación horaria podrían generar recargos sobre los peajes de acceso y los cargos del sistema eléctrico. Los porcentajes aumentarían según la intensidad o reiteración del incumplimiento.
La propuesta reserva la pérdida de los permisos para supuestos significativos y reiterados. En materia renovable, considera como tales disponer de generación adicional inferior al 60 % del consumo anual durante cinco años consecutivos o registrar un porcentaje de horas de incumplimiento de la correlación igual o superior al 20 % durante cinco años consecutivos.
También contempla la pérdida de los permisos en determinados incumplimientos graves relacionados con las declaraciones responsables y los requisitos de soberanía digital o eficiencia.
Esta vinculación convierte la acreditación documental y el seguimiento periódico en elementos que pueden afectar a la continuidad operativa del proyecto.
Obligaciones de información para centros desde 500 kW
Los centros con una potencia instalada de TI igual o superior a 500 kW tendrían que remitir al MITECO información sobre su rendimiento energético, uso de energías renovables, huella hídrica y demanda. El Ministerio pondría esta información a disposición del público en su portal web. El proyecto exceptúa los datos protegidos por la normativa sobre secretos comerciales, empresariales y confidencialidad, siempre que la entidad identifique y justifique la información afectada.
Además, los centros con una potencia de TI igual o superior a 1 MW comunicarían cada año, antes del 15 de mayo, si aplican las mejores prácticas de la versión vigente del Código de Conducta Europeo sobre Eficiencia Energética de los Centros de Datos y de qué manera lo hacen. Cuando una práctica no se aplique, deberían justificarlo.
El cumplimiento exige sistemas capaces de recopilar, validar y conservar datos procedentes de equipos de TI, refrigeración, contadores eléctricos, instalaciones de generación y abastecimiento de agua. También requiere asignar responsables y mantener criterios de cálculo consistentes entre periodos.
¿Qué pueden preparar las empresas durante la tramitación?
El texto permanece en fase de proyecto. Las empresas pueden utilizar este periodo para evaluar su exposición y localizar decisiones que resultarían costosas de modificar en fases posteriores.
1. Delimitar el alcance
Conviene comprobar la potencia de acceso, la potencia contratada, la potencia instalada de TI, la existencia de centros agrupados en una misma ubicación y las posibles exclusiones.
2. Revisar la situación administrativa
La fecha de conexión, el estado de los permisos y la formalización del contrato de acceso determinan el tratamiento transitorio previsto. Los proyectos con permisos concedidos y pendientes de conexión merecen una revisión específica.
3. Calcular PUE y WUE
Los promotores pueden estimar ambos indicadores durante el diseño y comprobar si los sistemas de medición previstos permitirán reproducir los cálculos. Las instalaciones operativas deberían revisar la calidad, periodicidad y trazabilidad de sus datos.
4. Evaluar la estrategia de abastecimiento renovable
El análisis debería comprobar el porcentaje cubierto, la fecha de puesta en servicio de la generación, la ubicación de las instalaciones, la correlación horaria y la capacidad de ampliar la cobertura cuando crezca el consumo.
5. Integrar agua, energía y territorio
La selección del emplazamiento debería incorporar capacidad eléctrica, recursos hídricos, riesgos ambientales, planificación territorial, infraestructuras y condicionantes administrativos. Un análisis geoespacial facilita la comparación documentada de alternativas.
6. Revisar contratos y flujos de datos
Los requisitos de soberanía digital aconsejan identificar dónde se almacenan los datos operativos, desde qué países se presta soporte, qué subcontratistas intervienen y dónde se encuentran las réplicas, los registros y las copias de seguridad.
7. Diseñar el sistema de evidencias
La organización puede definir qué datos recopilará, quién los validará, con qué frecuencia se revisarán y durante cuánto tiempo se conservarán. Este trabajo debería abarcar energía, agua, generación renovable, rendimiento de los equipos y cumplimiento contractual.
8. Incorporar los requisitos al modelo económico
Los sistemas de refrigeración, la instrumentación, el almacenamiento, el autoconsumo, los PPA, la nueva generación renovable y la disponibilidad de agua pueden modificar la inversión inicial y los costes de operación. Incluirlos en el análisis permite comparar escenarios antes de comprometer el diseño definitivo.
Planificar antes de que el diseño quede cerrado
El proyecto de Real Decreto relaciona el acceso a la red con condiciones que afectan al diseño técnico, la contratación energética, la gestión del agua, los datos y la ubicación del centro.
La preparación temprana permite identificar incompatibilidades entre el calendario del centro de datos y el de la generación renovable, comprobar la disponibilidad de recursos hídricos, dimensionar los sistemas de medición y revisar los contratos de soporte y alojamiento.
El texto definitivo puede introducir cambios. Hasta su aprobación y publicación en el BOE, las empresas deben tratar estos requisitos como una propuesta regulatoria y seguir la evolución de la tramitación.
La documentación oficial, el proyecto de Real Decreto y su memoria de análisis de impacto normativo pueden consultarse en la página de participación pública del MITECO.
Análisis ambiental y territorial de centros de datos
Geoinnova Sostenibilidad y Territorio puede ayudar a promotores y operadores a analizar las condiciones ambientales y territoriales de nuevos centros de datos mediante la integración de información energética, recursos hídricos, riesgos ambientales y variables geoespaciales.
Este análisis permite comparar emplazamientos, identificar condicionantes desde las primeras fases y documentar las decisiones que influyen en la viabilidad ambiental y territorial del proyecto.
