Hay una imagen que resume con exactitud el estado de la economía circular en España: el semáforo está en ámbar. El rojo quedó atrás, el país ya no puede decirse que ignore el problema, pero el verde sigue siendo una promesa. Entre medias, una acumulación de planes, leyes y objetivos que no terminan de traducirse en lo único que importa: menos residuos enterrados, más materiales que vuelven al ciclo productivo.
Los datos publicados por Eurostat en enero de 2026 son contundentes: España recicla de vuelta a su economía apenas el 7,4% de los materiales que consume, frente a una media europea del 12,2%. Casi la mitad de sus residuos municipales, el 47% termina en el vertedero. Y ese vertedero español no es un problema local: según la Comisión Europea, España genera por sí sola el 20% de todos los residuos que van a enterrarse en la Unión (según datos que cita la asociación AVERSU).
Para entender cómo se ha llegado hasta aquí, este análisis recoge la perspectiva de los reguladores que diseñan la política, los técnicos municipales que tienen que aplicarla sobre el terreno, los ecologistas que llevan años documentando los incumplimientos y los investigadores que estudian por qué los marcos bien intencionados no siempre producen los resultados esperados.
El marco está. El reto es convertirlo en resultados reales
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria y Turismo, el mensaje oficial coincide en el diagnóstico: España ha construido en los últimos años una arquitectura normativa sin precedentes, y ahora toca ejecutarla. La Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2025-2035 aprobado en diciembre pasado y el II Plan de Acción de Economía Circular, publicado en enero de 2026 con 105 medidas, conforman juntos la hoja de ruta más ambiciosa que el país ha tenido en esta materia.
Teresa Parejo, directora general de Estrategia Industrial y de la Pyme del Ministerio de Industria y Turismo, ha subrayado en varias ocasiones que el salto cualitativo de los últimos años ha sido precisamente ese: la economía circular ha dejado de ser una cuestión ambiental para convertirse en un eje de la política industrial. En su visión, que comparte con la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, el reto ya no es tanto definir el marco como garantizar que ese marco sea rentable para el tejido productivo y que se aplique con eficacia en los territorios.
El PERTE de Economía Circular, aprobado por el Gobierno, moviliza más de 1.200 millones de euros en inversión pública y privada hasta 2026, con foco en tres sectores estratégicos: textil, plástico y bienes de equipo para energías renovables. El objetivo declarado es mejorar la competitividad, reducir la dependencia de materias primas importadas y generar empleo de calidad. Sobre el papel, el instrumento es potente. La cuestión, que varios analistas del sector plantean, es si la velocidad de concesión y ejecución de las ayudas está a la altura de la urgencia.
Más de 8.000 municipios, los mismos objetivos: la trampa de la escala
Si el regulador nacional habla de marcos estratégicos y hojas de ruta a diez años, los técnicos que trabajan a pie de contenedor tienen una perspectiva radicalmente distinta. La gestión de los residuos municipales en España recae sobre más de 8.000 ayuntamientos, con capacidades técnicas, económicas y humanas enormemente dispares. Esa atomización no es nueva, pero la Ley 7/2022 la ha hecho más visible al imponer obligaciones que muchos municipios pequeños y medianos simplemente no están en condiciones de cumplir en los plazos establecidos.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) advirtió ya a finales de 2024 que los ayuntamientos deben ampliar sus sistemas de recogida separada para incluir, desde 2025, aceites de cocina usados, residuos textiles, residuos domésticos peligrosos y voluminosos. Ese salto exige, según la federación, un esfuerzo económico, técnico y logístico considerable que muchos consistorios no pueden afrontar sin apoyo supramunicipal. Un estudio de Conama realizado con 220 municipios mostró que solo entre el 30 y el 40% de ellos, según el tipo de residuo, considera alcanzable la meta de nuevas recogidas separadas en los plazos legales.
La cuestión financiera es igualmente crítica. La Ley 7/2022 obliga a que, a partir de 2025, todos los ayuntamientos tengan implantada una tasa de residuos que cubra el 100% de los costes de recogida y tratamiento. El problema es que la cobertura media nacional se sitúa en torno al 60%. Subir esa tasa tiene un coste político que muchos gobiernos locales prefieren diferir, con el resultado de que cientos de miles de euros se siguen destinando al vertedero como opción de menor resistencia.
La paradoja es estructural: los municipios más precarios, los que más necesitan apoyo para cambiar sus sistemas de gestión son también los que menos capacidad tienen de acceder a los fondos europeos disponibles, porque la solicitud de esas ayudas requiere equipos técnicos y proyectos bien documentados que muchos ayuntamientos pequeños no pueden elaborar.
El diagnóstico que llevan años repitiendo y que los datos confirman
Ecologistas en Acción lleva documentando el problema de la gestión de residuos en España desde hace décadas. Su mirada es, por definición, más crítica que la del regulador, pero la realidad es que los datos les han dado sistemáticamente la razón: los objetivos se fijan, los plazos llegan y los incumplimientos se acumulan. El reciclaje de residuos municipales no llega al 20% según los datos oficiales, la recogida separada se estanca y el vertido sigue siendo la salida mayoritaria.
Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, advirtió en 2024, tras conocerse los últimos datos oficiales del MITECO correspondientes a 2022, que el porcentaje de residuos preparados para reutilización y reciclaje seguía estancado en el 43%, lejos del 55% que la normativa exigía para 2025, y el vertido había subido hasta el 46,61%, seis puntos por encima del máximo legal para ese mismo año. La organización considera que los niveles de reciclaje para 2025 se incumplirán de nuevo, como ya ocurrió con los objetivos de 2020.
La posición ecologista no es solo crítica con los resultados; también cuestiona algunos de los instrumentos propuestos. La valorización energética (quemar residuos para producir energía) se presenta desde el sector como la solución al problema del vertido, pero desde las organizaciones ambientales se alerta de que puede competir con el reciclaje y desviar flujos de materiales que podrían recuperarse. La jerarquía de residuos europea es clara: primero prevenir, luego reutilizar, después reciclar.
Entre las medidas que Ecologistas en Acción considera prioritarias y que aún no están suficientemente extendidas figuran la recogida separada efectiva de la fracción orgánica con sistemas cerrados y personalizados, la aplicación de tasas por vertido con tipos realmente disuasorios y la implantación del pago por generación para incentivar la prevención desde el origen. «Sin estas medidas, que son legalmente obligatorias», señala Arribas, «el problema de las basuras permanecerá sin resolverse en los plazos establecidos.»
Una tasa de circularidad que retrocede mientras el mundo avanza
El indicador más sintético del estado de la economía circular en un país es la tasa de uso de materiales circulares: la proporción de materiales que, tras ser usados y reciclados, regresan al ciclo productivo como materias primas secundarias. Cuando ese indicador cae, significa que cada vez más materiales se pierden en el vertedero o se destruyen irreversiblemente en lugar de volver a la cadena de valor.
En España, ese indicador lleva años cayendo. Según los datos más recientes de Eurostat, publicados en enero de 2026, la tasa se situó en el 7,4% en 2024, frente al 9,4% de 2022. La media de la Unión Europea, en ese mismo período, subió hasta el 12,2%, su máximo histórico. El objetivo comunitario para 2030 es el 23,2%. Para alcanzarlo, la UE en su conjunto tendría que casi doblar su tasa actual. España tendría que triplicarla…
El Circularity Gap Report 2024, elaborado por la Circle Economy Foundation, sitúa el problema en un contexto global aún más preocupante: la tasa de circularidad mundial cayó del 9,1% en 2018 al 7,2% en 2023. La humanidad consumió en los últimos cinco años una cantidad de materiales vírgenes equivalente a todo lo que se había consumido durante el siglo XX. España refleja, amplificada, esa tendencia global.
Los investigadores que trabajan en este campo (desde la Cátedra de Economía Circular de la Universidad de Sevilla hasta grupos del Parc de Recerca de la UAB) coinciden en señalar un problema de diseño de los sistemas de incentivos: mientras las materias primas vírgenes sean más baratas que las recicladas, y mientras el vertido sea más económico que el tratamiento, los agentes económicos tomarán las decisiones que peor resultado producen desde el punto de vista de la circularidad. La regulación puede corregir eso, pero solo si se diseñan instrumentos fiscales suficientemente potentes y se aplican con coherencia en todo el territorio.
La Unión aprieta el acelerador. España tiene que decidir si sube al tren
La presión europea sobre España no va a disminuir. La Comisión tiene previsto aprobar en 2026 una nueva Ley de Economía Circular que elevará las exigencias a todos los Estados miembros y fijará un objetivo de circularidad del 24% de materiales para 2030. En ese contexto, el 7,4% español no es solo un problema de rezago relativo: es una distancia que se hace más difícil de cerrar a medida que pasa el tiempo.
La Comisión ya ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia Europeo en el pasado por mantener en operación vertederos que incumplían la normativa comunitaria. La posibilidad de nuevas sanciones no es retórica: varios objetivos de la Ley 7/2022 y de las directivas europeas ya incumplen sus plazos, y el PEMAR 2025-2035, aprobado en diciembre pasado, reconoce implícitamente que el sistema actual necesita una transformación de fondo para alcanzar el límite del 10% de vertido en 2035.
Lo que el análisis de los distintos actores —reguladores, técnicos municipales, ecologistas e investigadores— pone de manifiesto es que el problema no tiene una causa única ni una solución única. La economía circular no se resuelve solo con más normativa ni solo con más inversión ni solo con más concienciación ciudadana. Requiere que todas esas palancas funcionen de forma coordinada: que el impuesto de vertido sea suficientemente disuasorio en todo el territorio, que los municipios tengan los recursos para cambiar sus sistemas de gestión, que la infraestructura de tratamiento se construya a la escala necesaria y que los mercados de materiales reciclados reciban los incentivos que los hagan económicamente viables.
España tiene las leyes escritas. Tiene el dinero comprometido. Tiene los técnicos y los investigadores que saben lo que hay que hacer. Lo que sigue faltando, según coinciden quienes trabajan en el sector desde perspectivas muy distintas, es traducir todo eso en toneladas menos de basura enterrada y en materiales que vuelven al ciclo. Eso, y solo eso, es lo que convierte el ámbar en verde.
