La reciente noticia publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (UNEP-WCMC) marca un hito significativo: el 10% de los océanos del planeta ya cuenta con algún tipo de protección oficial.
Este avance, alcanzado en el marco de los compromisos internacionales de conservación, representa un paso relevante hacia el objetivo global de proteger al menos el 30% de las áreas marinas para 2030. Este objetivo se conoce como “30×30”.
El dato, en apariencia esperanzador, encierra múltiples capas de interpretación: Por un lado, refleja décadas de esfuerzos multilaterales, acuerdos internacionales y presión científica. Por otro, plantea interrogantes sobre la calidad, efectividad y equidad de esas áreas protegidas. ¿Estamos realmente protegiendo el océano o simplemente cartografiando buenas intenciones?
La brecha entre protección declarativa y real
Según UNEP-WCMC, este crecimiento se ha visto impulsado por la designación de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP), muchas de ellas en regiones remotas o de jurisdicción nacional extendida. Además, países como Chile, Estados Unidos o Francia han contribuido significativamente a este avance mediante la creación de grandes reservas marinas. Sin embargo, la protección nominal no siempre implica una gestión efectiva ni una reducción real de las presiones humanas.
Aquí emerge una de las tensiones centrales de la gobernanza ambiental contemporánea: la diferencia entre protección declarativa y protección funcional. La ciencia lleva años advirtiendo que muchas AMP son lo que se denomina “paper parks”, espacios protegidos en el papel pero sin mecanismos de vigilancia, financiación o cumplimiento normativo. En este sentido, la cifra del 10% debe leerse con cautela.
Como señala el ecólogo marino Enric Sala, explorador residente de National Geographic: “No es suficiente con proteger grandes áreas; necesitamos que estén bien gestionadas y conectadas ecológicamente para que realmente funcionen”.
El océano como infraestructura climática
El océano, que cubre más del 70% de la superficie terrestre, actúa como un regulador climático fundamental, absorbiendo aproximadamente el 25% del CO₂ emitido por actividades humanas y más del 90% del exceso de calor generado por el cambio climático. Por lo tanto, protegerlo no es solo una cuestión de biodiversidad, sino de estabilidad planetaria.
Esta dimensión climática sitúa la conservación marina en el centro de las políticas de mitigación y adaptación. Así, conecta directamente con la Agenda 2030 y, en particular, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Vida submarina”.
Marcos normativos y ambición internacional
Desde el punto de vista normativo, este avance se inscribe en un contexto de creciente ambición internacional. El Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, ya adoptado en 2022 bajo el Convenio sobre la Diversidad Biológica, establece el objetivo 30×30 como uno de sus pilares. Además, el Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés), aprobado en 2023, abre la puerta a la creación de áreas protegidas en aguas internacionales, un ámbito históricamente desregulado.
En el ámbito europeo, el Pacto Verde y la Estrategia de Biodiversidad de la UE para 2030 también recogen este objetivo, vinculándolo con la restauración de ecosistemas degradados y la transición hacia una economía azul sostenible. España, por su parte, ha avanzado en la designación de espacios marinos protegidos. Sin embargo, aún enfrenta desafíos en su gestión efectiva y en la integración con sectores como la pesca o el turismo.
Sin embargo, uno de los retos menos visibles, pero más determinantes, es la integración efectiva de estos espacios protegidos en la planificación territorial y marítima. Como se analiza en este recurso sobre ordenación y conservación, la protección se entiende como parte de una estructura funcional del territorio, donde usos, actividades y valores ecológicos se articulen de forma coherente.
España, por su parte, ha avanzado en la designación de espacios marinos protegidos. Aunque aún enfrenta desafíos en su gestión efectiva y en la integración con sectores como la pesca o el turismo.
Qué protegemos y para quién
Pero más allá de los marcos normativos, la cuestión de fondo es cultural y ética. La expansión de las áreas protegidas plantea preguntas sobre el modelo de relación entre sociedad y naturaleza. ¿Protegemos para conservar o para compensar un modelo extractivo que sigue intacto? ¿Quién decide qué se protege y bajo qué criterios?
En muchos casos, las AMP se establecen en zonas de bajo conflicto económico, evitando áreas donde la presión industrial es mayor. Esto genera una “protección selectiva” que no necesariamente responde a criterios ecológicos prioritarios. Además, comunidades locales y pueblos indígenas, que han gestionado estos espacios durante generaciones, a menudo quedan al margen de los procesos de decisión.
Más allá del 10% ¿Una transición pendiente?
Aplicado al océano, esto implica ir más allá de la delimitación espacial y abordar las causas estructurales de su degradación: la sobrepesca, la contaminación por plásticos, la acidificación y el calentamiento global.
En este sentido, el 10% protegido puede interpretarse como un umbral simbólico, un punto de inflexión que evidencia tanto el progreso como la insuficiencia de las acciones actuales. Por lo tanto, la verdadera transformación requerirá integrar la conservación en el conjunto de las políticas públicas. Esto incluye desde la planificación marítima hasta la fiscalidad ambiental, pasando por la educación y la innovación tecnológica.
En última instancia, la protección del océano no es solo una cuestión de hectáreas, sino de voluntad política, coherencia normativa y responsabilidad colectiva. Y quizás, también, de nuestra capacidad para reconocer que el mar no es un recurso, sino un sistema vivo del que dependemos más de lo que estamos dispuestos a admitir.
(Fuente: UNEP-WCMC, 2026)
