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El 17 de enero de 2026 entró en vigor el Tratado de Naciones Unidas sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Zonas Situadas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, un acuerdo internacional histórico que refuerza la protección de los océanos y establece, por primera vez, reglas comunes para la gestión sostenible de la alta mar. Tras alcanzar el número mínimo de ratificaciones necesarias, el tratado se convierte en derecho internacional vinculante y marca un antes y un después en la gobernanza de los mares.
El hecho no es menor. Las aguas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales representan cerca de dos tercios de la superficie oceánica del planeta y más del 90 % de su volumen habitable. Hasta ahora, estos espacios quedaban en gran medida fuera del alcance de normas ambientales eficaces, a pesar de su papel esencial en la regulación del clima, la absorción de carbono y el mantenimiento de la biodiversidad global.
¿Cuál es el origen de este tratado?
El tratado es el resultado de un largo proceso impulsado por Naciones Unidas, que se extiende durante casi dos décadas. Su origen se encuentra en una constatación científica y política compartida: el marco jurídico del derecho del mar, diseñado en un contexto histórico muy distinto, ya no respondía a los desafíos ambientales contemporáneos.
A comienzos del siglo XXI, los informes de organismos científicos internacionales comenzaron a alertar de una presión creciente sobre la alta mar. La sobrepesca industrial, la contaminación marina, el aumento del tráfico marítimo, el ruido submarino, el impacto del cambio climático y la amenaza emergente de la minería en aguas profundas estaban afectando a ecosistemas remotos pero fundamentales para el equilibrio del planeta. Sin embargo, no existían mecanismos globales sólidos para evaluar, prevenir o limitar estos impactos.
Ante esta realidad, Naciones Unidas promovió un proceso negociador con un objetivo ambicioso: trasladar los principios de la sostenibilidad, la precaución y la cooperación internacional a los espacios oceánicos más allá de las fronteras nacionales.
¿Qué significa realmente la aprobación del tratado?
La entrada en vigor del tratado supone un cambio estructural en la forma de entender la alta mar. Ya no se concibe únicamente como un espacio de libre uso, sino como un bien común global que requiere reglas, límites y corresponsabilidad.
- Uno de sus pilares fundamentales es la posibilidad de designar áreas marinas protegidas en alta mar, lo que permitirá conservar ecosistemas vulnerables y zonas de alto valor ecológico, como montes submarinos, arrecifes profundos o corredores migratorios.
- El tratado también introduce la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ambiental antes de autorizar actividades humanas en estas zonas. Este requisito incorpora al océano profundo principios ampliamente aceptados en la gestión ambiental terrestre, como la prevención y el principio de precaución, y refuerza la toma de decisiones basada en la ciencia.
- Otro elemento central es la regulación del acceso a los recursos genéticos marinos. El tratado establece mecanismos para que los beneficios derivados de su utilización se compartan de forma justa y equitativa, especialmente con los países en desarrollo.
- Finalmente, el acuerdo refuerza la cooperación científica internacional, la transferencia de tecnología y la creación de capacidades, reconociendo que no puede haber protección efectiva del océano sin conocimiento compartido ni acceso equitativo a la ciencia.
Un tratado alineado con la Agenda 2030
El nuevo marco jurídico se integra plenamente en los compromisos globales asumidos por Naciones Unidas, en particular en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, dedicado a la vida submarina. Asimismo, refuerza la meta internacional de proteger al menos el 30 % de los océanos para 2030, considerada esencial para frenar la pérdida de biodiversidad y aumentar la resiliencia climática.
Como ha señalado el secretario general de la ONU, António Guterres, “el océano es el mayor aliado de la humanidad frente al cambio climático, pero solo si lo protegemos”. Esta afirmación resume el espíritu del tratado: reconocer que la salud de los mares no es un asunto sectorial y que representa un pilar de la estabilidad ambiental, económica y social del planeta.
El tratado ha sido ratificado por varias de las principales economías del mundo, entre ellas China, Alemania, Japón, Francia y Brasil, lo que refuerza su dimensión global; destaca especialmente el caso de China, por su peso en la economía oceánica y su volumen de exportaciones vinculadas al mar. Sin embargo, Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia aún no han completado el proceso de ratificación, a pesar de su relevancia estratégica, lo que supone uno de los principales retos para la aplicación plena y eficaz del acuerdo a escala internacional.
Mirar al futuro desde la responsabilidad compartida
La aprobación del tratado no resuelve por sí sola los problemas del océano. Su eficacia dependerá de su implementación, de la voluntad política de los Estados, de la financiación adecuada y de la capacidad de convertir los compromisos internacionales en acciones reales.
Con este acuerdo, la alta mar deja de ser un espacio invisible para convertirse en un territorio de responsabilidad colectiva. Nos recuerda que incluso los lugares más lejanos están conectados con nuestras decisiones cotidianas.
Fuente original de referencia:
Naciones Unidas (UN News, enero de 2026)
