El Parlamento Europeo aprobó el 20 de octubre de 2026 su posición sobre dos propuestas del Ómnibus VIII de legislación ambiental. Los textos plantean suspender para determinadas microempresas y pequeñas empresas la obligación de designar un representante autorizado en cada Estado miembro donde comercialicen productos sujetos a responsabilidad ampliada del productor (RAP).
La medida está dirigida a empresas establecidas en la Unión Europea que venden en otros países comunitarios. El alcance propuesto incluye envases, baterías, textiles, calzado, aparatos eléctricos y electrónicos y determinados productos de plástico de un solo uso.
La votación establece el mandato del Parlamento para la siguiente fase legislativa. La exención se encuentra pendiente de aprobación definitiva. Las empresas deben continuar aplicando las obligaciones correspondientes en cada país mientras avanza la tramitación. Los dos procedimientos pueden consultarse en los expedientes 2025/0395(COD) y 2025/0396(COD).
Qué es el Ómnibus ambiental de la Unión Europea
La Comisión Europea presentó el Ómnibus VIII sobre legislación ambiental el 10 de diciembre de 2025. El paquete reúne seis propuestas legislativas orientadas a simplificar procedimientos y reducir determinadas cargas administrativas derivadas de la normativa ambiental europea.
Las propuestas abarcan economía circular y residuos, instalaciones industriales, evaluaciones ambientales, tramitación de permisos e información geoespacial. Cada una modifica normas diferentes y sigue su propio procedimiento legislativo. El Ómnibus ambiental funciona así como un conjunto de reformas coordinadas, con calendarios y estados de tramitación específicos.
Dos de estas propuestas afectan a la responsabilidad ampliada del productor. Una comprende envases y baterías. La otra se refiere a textiles, calzado, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y determinados productos de plástico de un solo uso.
El Ómnibus I analizado anteriormente por Geoinnova se centra principalmente en la información corporativa sobre sostenibilidad y la diligencia debida, mediante cambios en la CSRD y la CSDDD. El Ómnibus VIII actúa sobre legislación ambiental sectorial y procedimientos administrativos asociados a su cumplimiento.
En los dos expedientes analizados, la Comisión propuso suspender temporalmente la obligación de designar representantes autorizados para productores europeos que comercializan productos en otros Estados miembros. En su posición, el Parlamento propone limitar esta simplificación a las microempresas y pequeñas empresas. La Comisión Europea recoge aquí las propuestas que forman el Ómnibus VIII
Una carga administrativa vinculada a la venta en varios países
La responsabilidad ampliada del productor atribuye al productor responsabilidades financieras u organizativas sobre los productos cuando llegan a la fase de residuo. Según el producto y el mercado, el cumplimiento puede exigir el registro en cada país, la comunicación periódica de datos, el pago de contribuciones y la participación en un sistema colectivo.
Algunas normas europeas incorporan otra exigencia: designar un representante autorizado cuando la empresa comercializa productos en un Estado miembro donde carece de establecimiento. Esta persona física o jurídica actúa por mandato del productor y puede asumir determinadas gestiones ante los registros, los sistemas de RAP y las autoridades nacionales.
Para una pequeña empresa que opera en varios mercados, esta estructura genera contratos, renovaciones, interlocutores y costes diferentes. La información sobre productos y cantidades comercializadas suele proceder de ventas, logística, administración, compras o proveedores externos. Cualquier diferencia entre esos datos puede trasladarse a las declaraciones presentadas en cada país.
En revisiones de cumplimiento sobre residuos y envases es habitual encontrar documentación repartida entre departamentos y responsabilidades internas poco definidas. La incorporación de representantes en varios Estados añade otra capa de coordinación: hay que facilitar información, responder consultas, comprobar declaraciones y conservar evidencias de las actuaciones realizadas.
Qué propone el Parlamento Europeo
La posición parlamentaria plantea suspender temporalmente la obligación de nombrar un representante autorizado para las microempresas y pequeñas empresas establecidas en la UE.
Con carácter general, esta categoría comprende empresas con menos de 50 personas trabajadoras y un volumen de negocio anual o balance general anual que no supera los 10 millones de euros.
La suspensión permanecería hasta que una futura norma europea establezca un marco armonizado para la RAP o hasta el 1 de enero de 2035, según el hito que se produzca primero. El objetivo consiste en reducir la carga asociada a la actividad transfronteriza mientras la Unión Europea prepara una regulación más amplia sobre economía circular. El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo recoge estas condiciones y analiza sus implicaciones.
El tratamiento de los productores establecidos fuera de la UE seguiría un régimen diferente. La posición del Parlamento mantiene requisitos orientados a garantizar su identificación, trazabilidad y supervisión dentro del mercado europeo.
Qué productos están incluidos
La modificación se tramita mediante dos expedientes legislativos debido a que afecta a reglamentos y directivas diferentes.
El expediente 2025/0395(COD) comprende:
- Envases y residuos de envases.
- Baterías y residuos de baterías.
El expediente 2025/0396(COD) abarca:
- Textiles y calzado.
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Determinados productos de plástico de un solo uso.
Esta variedad de productos amplía el interés empresarial de la propuesta. Una compañía puede quedar afectada por varias normas al mismo tiempo cuando comercializa productos envasados, equipos eléctricos o artículos que incorporan baterías.
En el caso de los envases, la propuesta debe analizarse junto con las obligaciones introducidas por el Reglamento de Envases y Residuos de Envases.
Qué obligaciones seguirían correspondiendo a las empresas
La propuesta se concentra en la designación del representante autorizado. El productor conservaría el resto de sus responsabilidades dentro de cada sistema de RAP.
En función del producto y del Estado miembro, estas responsabilidades pueden incluir:
- Inscripción en los registros de productores.
- Declaración de las cantidades introducidas en el mercado.
- Financiación de la recogida, clasificación y tratamiento de los residuos.
- Pago de las contribuciones establecidas por los sistemas colectivos.
- Conservación de documentación y presentación de información.
- Cumplimiento de requisitos sobre prevención, diseño y gestión del producto.
La eventual suspensión reduciría una gestión administrativa concreta. Los registros, las declaraciones, la financiación y la trazabilidad continuarían formando parte del cumplimiento cuando la normativa sectorial así lo exija.
El cambio todavía debe completar su tramitación
El Parlamento aprobó el 20 de octubre de 2026 los textos que servirán de base para las negociaciones interinstitucionales. Ambos expedientes fueron remitidos de nuevo a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria para continuar el procedimiento.
El Consejo de la Unión Europea todavía debe fijar su posición sobre estas propuestas. A continuación, las instituciones deberán negociar los textos definitivos y completar las fases formales de adopción y publicación.
La situación normativa permanece sin cambios durante este proceso. Las empresas que actualmente cuentan con representantes autorizados deben mantener sus procedimientos y revisar cualquier decisión contractual conforme a las reglas aplicables en cada país.
Qué conviene revisar durante esta fase
Las microempresas y pequeñas empresas que venden productos en otros Estados miembros pueden utilizar esta fase para ordenar su estructura de cumplimiento. Una revisión práctica debería incluir:
- Los países donde la empresa actúa como productor a efectos de RAP.
- Los productos y flujos de residuos afectados en cada mercado.
- Los registros, sistemas colectivos y representantes autorizados actuales.
- Los contratos, renovaciones y costes relacionados con esos representantes.
- Los departamentos responsables de preparar y validar las declaraciones.
- El origen de los datos sobre productos y cantidades comercializadas.
- Las evidencias que deben conservarse ante una consulta o inspección.
Este inventario facilitará la adaptación cuando se conozca el texto definitivo. También puede revelar registros incompletos, duplicidades, contratos que requieren revisión o datos cuya trazabilidad depende de un único departamento o proveedor.
Geoinnova puede revisar el alcance de la RAP aplicable a cada organización, los mercados donde debe registrarse y la documentación necesaria para mantener una trazabilidad coherente. El análisis debe partir de los productos comercializados, el papel de la empresa y los países en los que desarrolla su actividad.
Fuentes oficiales
